Por Letícia Serafim
El 31 de marzo se dio un paso atrás en la lucha por garantizar los derechos humanos, especialmente de los niños y adolescentes. Ese día, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara aprobó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 171/1993, que reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. Para ser aprobada por la Cámara, la propuesta necesita la aprobación de la comisión especial creada para analizar la propuesta y una votación en el Pleno, en dos vueltas, con el voto favorable de al menos 308 diputados.
Promundo respalda el coro de organizaciones e individuos que están seriamente preocupados por el futuro de esta votación. Entendemos que reducir la edad de responsabilidad penal es un retroceso importante, ya que no reduce la violencia y viola la Constitución brasileña y los derechos de protección de niños y adolescentes. Es una medida que apunta a criminalizar aún más la pobreza en el país y apunta específicamente a un grupo social que sufre la mayor cantidad de violaciones en Brasil: los jóvenes negros pobres que viven en las afueras y favelas.
Si la propuesta es aprobada y promulgada por el Congreso, los jóvenes de 16 y 17 años podrán responder y ser sancionados penalmente como adultos, de acuerdo con el Código Penal, y ya no bajo el ECA (Estatuto del Niño y del Adolescente). Además, esta medida contribuye a aumentar la población penitenciaria brasileña, que ya es la cuarta del mundo, en un sistema que tiene un déficit de vacantes del 40% y que ciertamente no cumple el papel de resocializar a los reclusos.
La pregunta que queda es: ¿tendrían alguna posibilidad en este contexto los jóvenes que deberían ser reeducados o resocializados?
Estamos seguros de que no.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alrededor del 1% de los homicidios registrados en el país son cometidos por adolescentes de entre 16 y 17 años. Esto demuestra que los adolescentes son más víctimas que promotores de la violencia. Una encuesta realizada por Amnistía Internacional muestra que 56 mil personas fueron asesinadas en Brasil en 2012, 30 mil de las cuales eran jóvenes (entre 15 y 29 años) y, entre ellos, el 77% eran negros. Estas tasas de homicidio son más altas que las de países en conflicto armado.
No creemos que encarcelar a los jóvenes en un sistema penitenciario que no funciona pueda resolver el problema de la violencia en el país. Los jóvenes, una vez dentro de este sistema, están aún más expuestos a la violencia, lo que aumenta la probabilidad de reincidir en lugar de rehabilitación. Es necesario revisar las políticas socioeducativas y el sistema de acogida de jóvenes infractores antes de pensar en reducir la mayoría de edad y, sobre todo, es necesario invertir recursos y energías en educación, en políticas para la juventud y en prevención de la violencia.
Promundo cree que esta prevención se da a través de la transformación de las masculinidades violentas y las normas de género en las que se socializa a los hombres. Normas que les permitan, especialmente a los jóvenes, verse involucrados con mayor frecuencia en situaciones violentas y también ser las principales víctimas de homicidios y muertes violentas. El camino para ello es la educación para transformar mentalidades y actitudes y cambios en políticas públicas y leyes que refuerzan las desigualdades, como es el caso de la PEC 171/1993. Es en este sentido que nos posicionamos: prevenir la violencia y no castigarla.
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