Por Norma Sá, asistente de proyectos de Promundo-Brasil, y Danielle Lopes, coordinadora de proyectos de Promundo-Brasil.
Hace 15 años, Brasil estableció el 18 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes. La fecha se definió debido a un brutal crimen ocurrido en 1973: el secuestro, violación y asesinato de la niña Araceli Sanches, de 8 años. Incluso hoy, la violencia sexual afecta a miles de niñas y niños brasileños cada año, a pesar de la creciente movilización de los gobiernos y la sociedad civil para combatir este tipo de violencia.
Más recientemente, un nuevo actor se ha acercado a esta causa: empresas de diferentes tamaños y sectores de actividad. Cuando se establece en un territorio, una gran empresa o un gran proyecto actúa de manera decisiva en el contexto local. Además de los cambios esperados en el mercado laboral, otras cuestiones son importantes, aunque poco discutidas. ¿Qué podría significar un aumento considerable en el número de hombres en una ciudad – en términos de impacto en las relaciones de género? ¿Veinte mil, por ejemplo, aunque esta llegada se produzca en cuatro o cinco años? En zonas con un crecimiento tan impactante en el flujo de trabajadores, se reporta, por ejemplo, un aumento en la sensación de inseguridad de las mujeres en la vía pública, la existencia de tensiones y situaciones de violencia entre hombres locales y migrantes y una percepción de un aumento de casos de explotación sexual de niños y adolescentes (ESCA).
Pactos, cartas de intención, declaraciones y muchos otros documentos que apuntan a la garantía de los derechos humanos y, en especial, los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, han cobrado fuerza junto a los lineamientos de la Responsabilidad Social Empresarial. Firmantes de estos documentos, las empresas comienzan a discutir su papel ante el alto impacto, en este caso negativo, de sus acciones.
Entre otras iniciativas, también es en este campo donde Promundo viene colaborando para combatir la ESCA. En primer lugar, consideramos que aún se necesitan investigaciones con un fuerte aparato metodológico para demostrar los impactos reales de un proyecto o obra de una gran empresa en estas ciudades que reciben o sufren sus influencias. Debido a la enorme fragilidad para denunciar y denunciar este tipo de violencia, en muchas de estas ciudades sólo existen, como decíamos, percepciones que atribuyen el aumento de ESCA a la presencia de un mayor número de hombres en la localidad.
Los desafíos son aún mayores porque persisten viejos problemas: las normas de género que sustentan las prácticas de ESCA dificultan que los perpetradores, la propia Red de Protección de Niños y Adolescentes y las comunidades reconozcan esta violencia. Una investigación realizada por Promundo en 2009 muestra que existe una tendencia a naturalizar determinadas situaciones de explotación sexual de adolescentes (tanto por hombres como por mujeres) o incluso a culpar a las víctimas – afirmó el 41% de los hombres en Río de Janeiro y el 46% de las mujeres. que consideran el acto como “prostitución adolescente” y no explotación sexual. Además, el 48% de quienes dijeron haber tenido ya una relación con chicas de entre 12 y 17 años lo hicieron como una forma de sentirse jóvenes.Si bien las vulnerabilidades de niños, niñas y adolescentes a la explotación sexual no sólo están relacionadas con normas desiguales de género, creemos que reflexionar sobre el involucramiento de los hombres en la prevención y combate de esta violencia cuestionando estas normas es fundamental en las iniciativas de las empresas vinculadas al sector de infraestructura y el trabajo con el Red de Protección.
Además, problemas sociales de alta complejidad requieren de la articulación de diferentes actores para poder abordarlos. Es importante que las acciones de prevención y afrontamiento se realicen en alianza con diversas organizaciones, ya sean públicas, privadas, la sociedad civil, la comunidad, así como las familias y los propios niños, niñas y adolescentes, lo que aumenta las posibilidades de ser más efectivas e integrales.
De manera proactiva, las empresas deben mapear los impactos negativos de sus acciones, ya sean ambientales, sociales o económicos, y planificar medidas para mitigar estos impactos. Actuar con antelación al problema reduce los riesgos derivados de violaciones de derechos, facilita la coordinación con las comunidades/partes interesadas y permite planificar acciones preventivas. Es fundamental construir lineamientos para la gestión de este tema por parte de la empresa e involucrar a trabajadores de la construcción, profesionales de la Responsabilidad Social, comunidades e instituciones de la Red de Protección para discutir y transformar la tolerancia y la naturalización de las ESCA y el papel de los hombres en estas prácticas.
Hemos notado que la realización de foros, talleres y seminarios en los que participan representantes de los servicios públicos de salud, educación, asistencia social, Consejos de Tutela y de Derechos, entre otros, han contribuido a que las instituciones sociales puedan cuestionar su propia estructura y con los participantes de sus servicios el género. normas que sustentan las desigualdades y la violencia, como la ESCA.
Proponemos la adopción de un enfoque y un lenguaje que inviten al diálogo y la asociación, ya sea en campañas, materiales educativos, talleres de sensibilización o movilizaciones de comunidades y trabajadores. Porque, como afirmó un trabajador durante un taller, “no necesitamos moral y civismo, sino reflexión sobre la forma de ser hombre. No se trata de culpar, sino de pensar juntos”.
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